LA RÁPIDA CONTRATACIÓN DE AGENTES MIGRATORIOS TIENE SUS PELIGROS

NO SOLO SERÁ COSTOSO, SINO QUE TOMARÁ TIEMPO CONTRATAR A LOS MILES Y MILES DE NUEVOS AGENTES QUE TRUMP HA ORDENADO PARA ENGROSAR LA FILA DE LAS YA ABOTARGADAS AGENCIAS DE INMIGRACIÓN, FRONTERA Y ADUANAS. LO MÁS GRAVE SERÁ CONTROLAR SUS ACTIVIDADES CONTRA ABUSOS Y CORRUPCIÓN.

 

El gobierno de Estados Unidos ha ordenado la contratación inmediata de 10,000 nuevos agentes de la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP) y 5,000 para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), una expansión que engordará aún más la ya enorme burocracia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

CBP hoy en día ya es la más grande agencia de la ley de Estados Unidos, y cuenta con 45,600 agentes federales y oficiales. ICE, por su parte, tiene 5,800 agentes de deportación y otros 6,200 de investigaciones.

También hay órdenes de agregar 500 agentes para controlar las fronteras por aire y mar.

El costo económico será enorme. Según cálculos del Migration Policy Institute, alrededor de 1,500 millones de dólares adicionales cada año, para mantener el nuevo nivel de personal.

Pero aunque Trump está ávido de poner a más agentes en las calles para implementar arrestos masivos de inmigrantes, no solo hay que tomar en cuenta el costo –que el Congreso debe aprobar, y quizá cortar fondos a otros programas o usar la tarjeta de crédito- sino también las posibles consecuencias de ese crecimiento.

Para predecir los posibles inconvenientes de tan rápida expansión de una burocracia, cabe recordar que durante el gobierno de George W. Bush y después del ataque terrorista del 11 de septiembre, el gobierno se apresuró a contratar miles de nuevos agentes migratorios.

Entre 2004 y 2005 hubo una rápida contratación de miles de agentes y en general, la cantidad de ellos se duplicó de 10,000 a 21,000 entre esos años y el presente.

Pero hubo problemas, que han sido analizados posteriormente en comités de congresistas y auditorías gubernamentales, pero que en la práctica se han traducido en un entrenamiento insuficiente y en algunos casos, sin las revisiones adecuadas de antecedentes.

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La realidad es que no es fácil contratar agentes de la ley: requiere pasar exámenes físicos, chequeos de antecedentes, entrenamiento, y en el caso de CBP, un examen poligráfico (detector de mentiras), que ha eliminado a una buena parte de los solicitantes.

El proceso, tal y como existe hoy en día, podría tomar meses, no menos de 4 a 5 meses y quizá más, según diversos estimados. De hecho la pasada semana, el inspector general de DHS John Roth dijo a congresistas que “será un reto” contratar a este número y que tomará “un promedio de 9 meses”.

El mismo Secretario de Seguridad Nacional, el recién instalado John Kelly, dijo en su reciente aparición ante el congreso que haría las contrataciones “tan rápido como fuera posible” y agregó que no iba a ser posible agregar esa cantidad de agentes en los próximos dos años.

“No reduciremos los estándares (de contratación)”, dijo.

Eso es justamente lo que muchos activistas y observadores temen, que en su fervor por cumplir los objetivos del Presidente Trump de poner más agentes en la calle, se agudicen los problemas que ya existen en la agencia y que han sido documentados a lo largo de los años.

De hecho, este temor está basado en una realidad: DHS es una agencia enorme pero notoriamente problemática a la hora de responder a la mala conducta de sus agentes. Por ejemplo, según lo dijo Roth en su reciente informe: “DHS no tiene una oficina responsable de manejar y vigilar las actividades de uso de fuerza”.

Adicionalmente, la contratación no parece ser el punto fuerte del DHS, según el Inspector General.

“Históricamente, ha habido poco personal en las áreas de recursos humanos y sistemas inadecuados para vigilar y procesar a los solicitantes”, dijo Roth a congresistas.

Esto tiene sus consecuencias. Entre 2004 y 2014, 150 agentes de CBP han sido acusados o convictos de corrupción, entre ellos: aceptación de sobornos para permitir drogas en el país, robo de fondos públicos y en algunos casos, tráfico de drogas y hasta de seres humanos.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental GAO, también reportó que la agencia no ha implementado una estrategia integral para luchar contra la corrupción.

Históricamente, CBP también ha sufrido de un “código de silencio” y falta de transparencia en casos de abuso.

Otro problema grave que ocurre cuando hay expansiones tan grandes es que no hay suficientes supervisores con experiencia.

“Es difícil contratar tan rápido sin comprometer la calidad de los recursos humanos. Hace falta mucho entrenamiento y conocimiento de buenas prácticas y no habrá suficientes supervisores para controlar ese proceso”, dijo Faye Hickman, analista de políticas públicas del Migration Policy Institute (MPI).

Marielena Hincapié, del National Immigration Law Center, dijo que esta es una preocupación importante para los activistas.

“Históricamente hemos visto que cuando hay grandes expansiones, no se hace un buen trabajo y la calidad de los agentes disminuye. Hemos visto casos de agentes con antecedentes penales y susceptibles a la corrupción”, indicó.

Dentro de DHS, sólo hay dos pequeñas oficinas encargadas de monitorear lo que se hace: La Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos Civiles. Pero rara vez hay investigaciones externas de las acusaciones de brutalidad policial y mala conducta.

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Fuente:La Opinion

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